PS busca invalidar pronunciamiento del TC por proyecto del Sernac
Hoy el tribunal deberá ver conjuntamente la admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento que ingresó el Ejecutivo
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Un nuevo obstáculo deberá enfrentar el proyecto que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para lograr convertirse en ley. Y es que el requerimiento que el Ejecutivo ingresó al Tribunal Constitucional el jueves, solicitando que sea esta entidad quien resuelva el conflicto de constitucionalidad suscitado con respecto al decreto promulgatorio de la ley nº 21.081 que modifica la ley nº19.496 sobre la protección de los derechos de los consumidores, para así dar continuidad a la promulgación del proyecto, no dejó muy contentos a los senadores del Partido Socialista.
Por este motivo, hoy a las 9 de la mañana Álvaro Elizalde, Juan Pablo Letelier, Alfonso de Urresti y José Miguel Insulza se trasladarán a las dependencias del TC para manifestar que el organismo es incompetente para conocer la solicitud realizada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, en pos de resolver la promulgación del proyecto de ley impulsado por el gobierno anterior.
Cabe señalar que el conflicto se generó luego de que la Contraloría General de la República, liderada por Jorge Bermúdez, decidiera no dar curso a la promulgación de la referida norma.
Por este motivo, el gobierno a través de los ministerios de Economía y la Secretaría General de la Presidencia ingresó un texto al TC para que esta entidad aclare las discrepancias entre el pronunciamiento de la Contraloría y la resolución que dio el propio tribunal en enero pasado, ya que ambas definiciones no coindicen.
En enero, el Tribunal Constitucional suprimió del proyecto las facultades sancionatorias y normativas del proyecto. En concreto, se mostró contrario a que la entidad pudiera imponer multas, resolver el cese de las conductas infractoras e imponer restituciones al infractor.
En la jornada de hoy, además, el pleno del TC verá conjuntamente la admisión a trámite y admisibilidad del requerimiento que ingresó el Ejecutivo. De ahí habrá un plazo de 30 días prorrogables por otros 15 días para dictar una sentencia respecto al futuro de la iniciativa.